El Gobierno autoriza ambos proyectos, pero impone un régimen especial de vigilancia para minimizar el impacto en las playas y la dispersión de contaminantes.
El visto bueno del organismo dependiente del Gobierno central está supeditado, sobre todo en lo que a la extracción de sedimentos se refiere, a la realización de nuevos estudios y a la puesta en marcha de un sistema especial de vigilancia y control de las playas de La Arena, Ereaga y Arrigunaga. También se ha puesto como condición el análisis de la posible influencia de los trabajos en la estabilidad del dique de Punta Lucero.
Según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) expedida, el dragado prevé remover lodos que están potencialmente contaminados -se estima que el 8% de los 8 kilómetros cuadrados en los que se va a actuar contienen metales pesados y otros residuos-. No obstante, los expertos aseguran que no habrá problemas de toxicidad para el ecosistema, a tenor de las pruebas de laboratorio realizadas y teniendo en cuenta que esta arena «se confinará» en los rellenos del espigón central.
Entre las condiciones impuestas por Medio Ambiente para desarrollar el proyecto, destaca la obligación de estudiar el impacto sobre los tres arenales dos veces al año durante una década. Se impone también el requisito de reservar un 10% de la arena extraída para utilizarla en el caso de que se haga necesaria una regeneración de las playas. Asimismo, se delimitará un área de protección donde hay afloramientos rocosos. En 158 metros a la redonda no se podrá dragar el fondo marino. Además, durante la fase de obras se supervisará el nivel de contaminación de los sedimentos removidos, al tiempo que habrá una vigilancia ambiental sobre otros factores como el ruido, la calidad del aire o la dispersión de residuos.
E lúltimo dragado que se realizó en e lAbra puso en pie de guerra a ayuntamientos, asociaciones ciudadanas y grupos ecologistas. Ahora es probable que elproyecto que seacaba de autorizar despierte aún unamayor ola de rechazosocial
temor a su impacto ecológico.
Medio Ambiente exigió nuevos informes y estudios. Solicitó, por ejemplo, que se analizara más a fondo la toxicidad de los fondos que se pretende remover. Incluso fue necesaria la intervención de la abogacía del estado para dirimir si puerto sera competente para explotar el citado banco de arena, al surgir una discrepancia con la dirección general de sostenibilidad de la Costa. Otrasinstituciones fueron aún más críticas:el Consistorio de Muskiz, por ejemplo, calificó el plan de la autoridad portuaria de «atentado ecológico».